Todos ellos, que fueron puestos ayer a disposición judicial, habían sido detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por su supuesta implicación en un caso de corrupción.
El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.
Por otro lado, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Librilla, Cesáreo Gil de Pareja Otón, detenido el pasado jueves, día 20, en relación a la operación 'Biblioteca' de Librilla, fue puesto en libertad; así como María Josefa B. y Francisca G., esposas de José Luis Cano y de José Andrés Cortés. Ninguno de los tres llegó a pasar a disposición judicial, al ser puestos en libertad por la Guardia Civil.
La fase judicial arrancó ayer con el interrogatorio a los tres primeros detenidos en el Palacio de Justicia de Murcia: José Luis Cano, Domingo Peñalver y José Andrés Cortés. Posteriormente, sobre las 19.00 horas declararon ante el juez el alcalde de Librilla, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de este municipio.
Cabe recordar que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de la operación 'Biblioteca', según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.
Mientras, el jueves, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja. TERCER ALCALDE EN ACTIVO EN PRISION POR CORRUPCION.
El alcalde de Librilla, José Martínez, es el tercer regidor en activo que un juez ha mandado a prisión por presuntas tramas de corrupción urbanística que los agentes de la Guardia Civil han venido desarrollando desde el pasado año en la Región de Murcia. Los tres alcaldes pertenecían al PP cuando fueron detenidos.
El primero de ellos fue el regidor de Totana, José Martínez Andreo, en el marco de la operación 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
En concreto, se trata de una operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en Totana, y a través de la cual, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 4.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura. El Grupo Nuaria era el encargado de desarrollar el que sería el mayor complejo residencial del municipio.
Martínez Andreo fue ingresado en prisión sin fianza el 3 de diciembre del pasado año, quedando en libertad dos meses después bajo fianza de 70.000 euros, decretada por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana.
El segundo de los alcaldes arrestados del PP fue el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, para quien el juez del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Salvador Calero, ordenó el 3 de abril de este año prisión provisional sin fianza.
La detención se enmarcaba en el procedimiento que se instruye en dicho juzgado por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
En el marco de esta trama de corrupción urbanística destapada tanto en el Consistorio de Torre Pacheco como en el de Fuente Alamo, la primer edil de este último municipio, María Antonia Conesa, fue a declarar a principios de noviembre de 2007 y quedó en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, Arantzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.
A pesar de la presunta implicación de los regidores de Totana y Torre Pacheco, éstos siguen, a día de hoy, ejerciendo las labores propias de la Alcaldía, sin abandonar sus cargos.
